**Por: Análisis Urbano | Santo Domingo Este, 13 de septiembre de 2025**
En un acto que roza lo inverosímil, el alcalde de Santo Domingo Este ha decidido protagonizar su propia defensa pública de una política que amenaza con devastar el parque vehicular de la ciudad. En un video grabado en el sitio de un accidente fatal, el funcionario no solo lamenta la muerte del chofer Aneudy García, sino que aprovecha la tragedia para justificar la instalación masiva de reductores de velocidad —o «policías acostados»—, artefactos que, lejos de proteger vidas, están destrozando autos, motos y camiones por igual. En el clip, publicado en su cuenta de Instagram el 4 de septiembre, el alcalde declara: «Muchos critican los reductores de velocidad, pero la realidad es dura: ¿Qué pesa más, una incomodidad momentánea o la vida de nuestros ciudadanos?». Esta escena, que circula ampliamente en redes y medios, no es solo un lapsus de sensibilidad; es la confesión de un capricho municipal que atenta directamente contra miles de vehículos y, paradójicamente, contra la seguridad que pretende salvaguardar. Lo vergonzoso es que el propio alcalde se filma en este video, justificando lo que eventualmente repletará la ciudad de estos artefactos que atentan contra todo el parque vehicular.
El Video: Una Justificación que Expone la Hipocresía
Lo más vergonzoso no es solo el contenido del video, sino el contexto en que se filma. El alcalde, de pie en el lugar exacto donde un exceso de velocidad cobró una vida, transforma el dolor colectivo en un podio para su cruzada personal contra la velocidad. «El exceso de velocidad es la pandemia de la República Dominicana», proclama en otra declaración reciente, reafirmando que «donde quiera que se pueda, vamos a poner un policía acostado». Pero esta retórica ignora el daño colateral: reductores de altura excesiva (hasta 15-20 cm en algunos casos, superando los 10 cm recomendados por normas internacionales), sin señalización adecuada y colocados en avenidas de alto tráfico como la Carretera Mella o la Avenida Freddy Beras Goico. Conductores reportan daños en amortiguadores, alineaciones y escapes, con costos que oscilan entre RD$10,000 y RD$50,000 por vehículo afectado. ¿Es esta la «incomodidad momentánea» de la que habla el alcalde, o un atentado sistemático contra el parque vehicular de un municipio donde el 40% de los hogares dependen de motos y autos livianos para subsistir?
Especialistas en movilidad, como el urbanista Mayobanex Suazo, han calificado estas instalaciones como «improvisadas y peligrosas», argumentando que provocan frenadas bruscas que multiplican accidentes en un 20-30%, según datos de la OMS adaptados a contextos urbanos similares. En el video, el alcalde insiste en que «si se cumple la señal de 10 km/h, nadie tendrá problema», pero videos virales en X muestran vehículos rebotando violentamente sobre estos obstáculos, con chispas y ruidos que presagian reparaciones costosas. La ironía es cruel: el mismo artefacto que justifica con una muerte podría causar la próxima, al desestabilizar vehículos en curvas o intersecciones.
El Atentado contra el Parque Vehicular: Daños, Congestión y Costos Ocultos
Eventualmente, esta proliferación replegará las calles de Santo Domingo Este con reductores que no solo atentan contra los vehículos, sino contra la economía familiar. En la Carretera Mella, frente al Megacentro y el sector Perla Antillana, los «policías acostados» han sido calificados como un «desacierto e improvisación» por cientos de conductores, generando taponamientos que duran horas y desvíos forzados a barrios como Altos de Cancino. Motoconchistas, que representan el grueso del transporte informal, son los más golpeados: suspensiones rotas y llantas desgastadas convierten cada trayecto en una ruleta rusa mecánica.
La diputada Tayluma Calderón ha denunciado esta «instalación irregular», recordando que viola la Ley 63-17 al omitir coordinación con el INTRANT, MOPC y DIGESETT. Sin estudios de impacto, estos artefactos no resuelven el problema de fondo —la imprudencia vial— y, en cambio, generan un ciclo vicioso: más daños vehiculares significan más tiempo en talleres, más congestión y, sí, potencialmente más accidentes por distracciones causadas por el pánico ante un reductor sorpresa. Opiniones en X reflejan el descontento: «Amados por peatones; odiados por choferes y vecinos», resume un post de Diario Libre sobre la Carretera Mella.
¿Responsabilidad o Negligencia? El Precio que Pagarán los Ciudadanos
Lo verdaderamente vergonzoso es que el alcalde, al filmarse en un video tan cargado de emoción, se autoincrimina. Al promover estos reductores sin respaldo técnico, expone al municipio a demandas por negligencia: ¿quién pagará los daños a un vehículo que se descompone por un «policía acostado» mal colocado? ¿O la demora de una ambulancia del 911, como advierte Calderón, que podría costar una vida? Mientras el alcalde recibe respaldo inicial de figuras como el comunicador Aneudy Ramírez —quien en junio elogió la medida como contrapeso a la «falta de control» del INTRANT—, la realidad en las calles pinta un panorama opuesto: un parque vehicular envejecido prematuramente y una ciudadanía indignada.
Llamado a la Acción: Basta de Videos y Caprichos
Santo Domingo Este no necesita más videos lacrimógenos ni justificaciones emotivas; necesita liderazgo responsable. El INTRANT debe intervenir de inmediato, auditando y removiendo estos artefactos ilegales, como exige la ley. Al alcalde le corresponde escuchar a los afectados —no solo a los peatones, sino a los miles que dependen de vehículos funcionales— y optar por alternativas probadas: educación vial, semáforos inteligentes y patrullaje real, no experimentos que destrozan presupuestos familiares.
En este macabro hilo de políticas fallidas, el video del alcalde no es un acto de valentía, sino de vergüenza colectiva. ¿Cuántos vehículos más se sacrificarán antes de que se priorice la verdadera seguridad? La ciudad observa, y exige respuestas.
